PROFOMUR ha presentado alegaciones al proyecto de orden con el que la Comunidad Autónoma regulará las ayudas a inversiones forestales no productivas para prevenir daños en los montes privados de la Región (intervención 6881.2 del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027), publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el pasado 19 de septiembre para que los interesados presenten sus alegaciones. Valoramos muy positivamente que el monte privado vuelva a contar con una línea de ayudas, después de siete años sin convocatoria. Precisamente por eso, hemos estudiado el borrador artículo por artículo para que las ayudas lleguen al mayor número de propietarios y se puedan ejecutar con calidad en las condiciones reales de nuestros montes.
El trabajo, impulsado por nuestro presidente, Francisco Carreño, se ha centrado en tres grandes cuestiones: el presupuesto y las condiciones económicas de la ayuda, la posibilidad de ceder la gestión del monte y la flexibilidad para ejecutar los trabajos. El punto de partida es claro. La última convocatoria, en 2019, contó con 3 millones de euros para un solo año; el proyecto prevé ahora 1,5 millones para dos años. La ayuda baja del 85 % de la orden de 2016 al 80 %, y los precios por hectárea quedan, en muchos trabajos, por debajo de los de hace diez años, cuando desde entonces el IPC ha subido un 30 % y el gasóleo un 66 %. Todo ello cuando la sequía y el decaimiento afectan ya a más de 36.000 hectáreas de la Región, según la propia Comunidad Autónoma.
Estas son las principales propuestas que hemos presentado en defensa de los propietarios forestales:
Más presupuesto y mejores condiciones económicas
- Al menos 3 millones de euros por convocatoria, como en 2019, aunque se repartan en dos anualidades, y que se activen la lista de reserva y la cuantía adicional para que ninguna solicitud válida se quede sin ayuda por falta de crédito.
- Una ayuda del 100 % del gasto, como permite la normativa europea para los trabajos preventivos que no generan renta al propietario y como ya hacen otras comunidades. Subsidiariamente, un 100, 95 o 90 % según la planificación de la finca, para premiar a quien la ordena sin dejar fuera a nadie.
- El IVA, subvencionable cuando el propietario no puede recuperarlo, como prevé la Ley General de Subvenciones y como ya hace la propia Comunidad Autónoma en otras ayudas.
- Recuperar el tope de ayuda de 2016: 120.000 euros, que actualizados son 156.000, frente a los 100.000 del borrador.
Precios que cubran el coste real de los trabajos
- Precios por módulos según la densidad del monte y la pendiente, en lugar de un precio único por hectárea, calculados con los precios de 2016 actualizados y, en general, por debajo de la tarifa oficial de TRAGSA. Hoy el borrador paga la mitad que esa tarifa en la poda y hasta un 81 % menos en la recogida de restos.
- Pagar la retirada de los restos de corta, que el borrador obliga a hacer pero no paga en las masas adultas, y su eliminación en el propio monte donde no se pueden sacar por la pendiente, la roca o la falta de caminos.
- Un tratamiento justo para el decaimiento: precios según el número de pinos muertos por hectárea y la pendiente, y puntos en la baremación para las fincas afectadas.
- Mejorar los honorarios de dirección de obra y pagar, por primera vez, la gestión de la ayuda: la tramitación, la búsqueda de financiación, los pagos y la justificación, un trabajo imprescindible que hoy no se reconoce.
- Pago por medición y módulo, sin facturas ni tres presupuestos para cada trabajo, un sistema más sencillo para el propietario y para la Administración.
Que la ayuda llegue a más propietarios
- Ceder la gestión del monte a una asociación o a una empresa forestal mediante un sencillo acuerdo privado, para que quien no puede ocuparse por edad, por vivir lejos o por falta de medios no se quede fuera. El gestor podrá solicitar la ayuda y responder de los trabajos.
- Agrupar fincas vecinas del mismo término municipal o de términos colindantes, sumando su superficie, porque el fuego no entiende de lindes.
- Bajar la superficie mínima de actuación de 25 a 10 hectáreas, para que las fincas pequeñas, que son la mayoría, puedan acceder a la ayuda.
- Pagar la redacción de los planes de gestión en las fincas de más de 75 hectáreas, como se hacía en 2016, y crear modelos tipo de gestión a los que puedan adherirse las fincas pequeñas, con nuestro ofrecimiento de colaborar en su redacción.
- Fajas cortafuegos y caminos de al menos 3 metros sin depender de la superficie mínima cuando su función preventiva esté justificada.
- Poder presentar la solicitud en papel las personas físicas que no tengan certificado digital.
Flexibilidad para ejecutar los trabajos
- Un plazo de ejecución de hasta veinte meses, porque la época de peligro de incendios y la nidificación reducen mucho los meses útiles de trabajo, y que se amplíe si surge una restricción nueva.
- Comprobación de que la obra no ha empezado en un máximo de quince días, para no perder la temporada esperando la visita.
- Poder trasladar una actuación dentro de la finca si un incendio, una plaga o el decaimiento lo justifican, y modificar la resolución con más facilidad.
Financiación y seguridad para el propietario
- Un anticipo de hasta el 50 % de la ayuda, como ya paga Andalucía en esta misma línea, con el coste del aval como gasto subvencionable, como en otras ayudas de la propia Comunidad Autónoma.
- Ceder el derecho de cobro a la empresa o darlo en garantía al banco desde la concesión, para no tener que adelantar todo el dinero de la obra.
- Una línea de financiación y avales en condiciones preferentes con las entidades financieras de la Región para las obras subvencionadas.
- Que un incendio o una plaga no hagan perder la ayuda: reconocerlos como fuerza mayor y poder cerrar el expediente cobrando lo ejecutado, sin penalización.
Cada propuesta va acompañada de una redacción alternativa del articulado y se apoya en la normativa europea y estatal y en lo que ya hacen la propia Comunidad Autónoma y otras comunidades, con un tono constructivo y el ofrecimiento de colaborar con la Dirección General en los precios de referencia y en los modelos de gestión.
Ahora corresponde a la Consejería estudiar las alegaciones antes de aprobar la orden de bases. Desde PROFOMUR seguiremos el proceso de cerca e informaremos a nuestros socios en cuanto se publiquen la orden y la primera convocatoria, para que puedan preparar sus solicitudes con tiempo.
«Los propietarios forestales necesitamos que las condiciones económicas de estas ayudas mejoren de verdad. Con precios por debajo del coste real, una ayuda del 80 % y el IVA a nuestro cargo, muchos no podrán hacer los tratamientos o no podrán hacerlos bien. Pedimos lo necesario para que los trabajos selvícolas se ejecuten con calidad, para que el dinero público rinda en prevención de incendios y para que ningún propietario se quede fuera por falta de medios»
Francisco Carreño, presidente de PROFOMUR
Puede ampliarse información en los siguientes enlaces:
- Anuncio por el que se somete a trámite de audiencia e información pública el proyecto de orden de bases de las ayudas a inversiones forestales no productivas en prevención de daños forestales (intervención 6881.2) (BORM nº 217, 19/09/2026)
- «Ayudas a montes privados: claves del proyecto de orden para prevenir incendios en la Región» (PROFOMUR, 02/10/2026)